Sedición policial de 2013: cayeron las apelaciones y la elevación a juicio está muy cerca

La provincia 21 de noviembre de 2020 Por Editorial
La Cámara de Apelaciones de Resistencia declaró por desistido el recurso de apelación de los seis expolicías del Chaco procesados por encabezar la sedición policial perpetrada en diciembre de 2013, la cual terminó con dos muertos y decenas de comercios saqueados. Este paso judicial deja el camino libre para la elevación a juicio de una causa que ya lleva casi siete años en los tribunales federales.
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Pasaron casi siete años desde que un grupo de policías y personal penitenciario del Chaco decidiera autoacuartelarse y dejar así liberada a su suerte a miles de chaqueños. Esa acción, que se basaba en un reclamo salarial, provocó dos muertes en la provincia y decenas de comercios saqueados.

De todos los involucrados en este brutal paro policial, sólo seis quedaron con procesamiento firme. Ellos son Juan Ramón Cantero, Carina Soledad Chas, Jorge Mario Duarte, Miguel Angel Ramírez, Ricardo Omar Maciel y Hermindo Ángel Rivero. Todos están acusados por el delito de sedición, que prevé una condena de uno a seis años de prisión.

 
En este sentido, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia emitió el viernes una resolución en la cual declaró por desistido el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de los seis policías por lo que a partir de ahora queda allanado el camino para que la causa sea elevada a juicio oral.

En el expediente Nº FRE 436/2014/CA1, caratulado “CANTERO, JUAN RAMÓN Y OTROS SOBRE SEDICIÓN”, las juezas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá señalaron que, a pesar de haber apelado los seis procesamientos, el defensor oficial de los exuniformados no efectuó presentación digital alguna en el Sistema de Gestión Judicial Lex 100, siendo que había sido notificado de la fijación de audiencia prevista para el día 19 de noviembre, a las 9.

“Atento lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar desistido el recurso intentado, de conformidad con las pautas fijadas por el art. 454 –segundo párrafo del CPPN y en función del principio dispositivo que rige en materia impugnativa”, establecieron las magistradas.

Cabe recordar que, en septiembre de 2018, la jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó a seis policías y los embargó por 100 mil pesos cada uno por el presunto delito de sedición. Además, dictó la falta de mérito de otros cincuenta uniformados.

Entre sus fundamentos, la magistrada federal consideró que “los sucesos con efecto dominó que comenzaron dentro en una esfera lícita –derecho a la protesta o reclamo- fueron tomando cada vez más visos de ilegalidad, y ello pudo ocurrir en virtud del accionar ilícito de quienes componen en el caso, la fuerza de seguridad en esta provincia, viéndose reflejado en el abandono de sus funciones o desacato a las autoridades constituidas por parte de los agentes involucrados, con la finalidad de extraer determinadas concesiones, ligadas casi con exclusividad a aumentos salariales”.

Los hechos

 

En diciembre de 2013, un grupo de policías y penitenciarios de la provincia mantuvieron en vilo a los habitantes de las ciudades de Resistencia y Sáenz Peña en lo que surgió como un reclamo por aumentos salariales y terminó con dos muertos y hasta con el cautiverio, durante varias horas, del por entonces ministro de Gobierno del Chaco, Marcos Verbeek, en la sede de la Jefatura de Policía. Vale recordar que en aquel diciembre caliente también hubo alzamientos policiales simultáneos en distintas provincias del país, uno de los principales fundamentos de los fiscales federales para justificar la competencia de ese fuero.

A pesar de la investigación preliminar desplegada por el equipo de fiscales federales del Chaco (Patricio Sabadini, Carlos Amad, Federico Carniel y Carlos Sansserri) en los meses posteriores al hecho, que los llevó a imputar a casi cien policías, penitenciarios y civiles por el delito de “sedición en concurso ideal con incitación a la violencia colectiva agravado por la ultrafinalidad de aterrorizar a la población” (artículos 229, 212 y 41 quinquies del Código Penal de la Nación), la causa recién comenzó a avanzar en 2017.

Es que, paralelamente a la investigación en el fuero federal, también se iniciaron causas en la justicia ordinaria lo que provocó conflictos de competencia que recién fueron zanjados por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en junio de 2015. Una de esas causas, incluso, ya había sido elevada a juicio oral en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña aunque con figuras penales mucho menos gravosas para los responsables.

fuente: chacodiapordia