350 detenidos en las protestas contra el 'paquetazo' de Lenín Moreno en Ecuador

El mundo 04 de octubre de 2019 Por
Las manifestaciones continúan este viernes. Los transportistas, gremio que convocó las protestas, informó que no levantarán el paro hasta que sea derogado el decreto presidencial.

Los ministerios de Defensa e Interior de Ecuador informaron este viernes que 350 personas fueron detenidas en medio de las protestas contra el alza de combustible en el país.

"Los detenidos han cometido actos de vandalismo que han atentado contra la propiedad y que están quebrantando el orden y la paz social", dijo a la prensa el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

La cifra que manejan estas carteras corresponde a los detenidos hasta las 09:00 horas (local) de este viernes. La mayoría de las personas apresadas se registraron en Guayaquil, en la costa ecuatoriana, donde se detuvo a 159 personas, precisó la ministra del Interior, María Paula Romo. 

Las manifestaciones continúan este viernes. Los transportistas, gremio que convocó las protestas, informó que no levantarán el paro hasta que sea derogado el decreto presidencial.

Más detenidos
La Fiscalía General de Ecuador informó que en la madrugada del viernes, fueron detenidos dos líderes sindicales al sur del país: Mesías Vicuña, secretario general del Sindicato de Choferes del Azuay; y Manolo Solís, residente de la Cámara de Transporte de Cuenca.

Por su parte, Romo comunicó que fue detenido el presidente de la Federación de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis), Jorge Calderón, "por el delito de paralización de servicio público".

¿Qué ocurre en Ecuador?
Este jueves comenzó un paro nacional, convocado por las federaciones de transporte del país, en rechazo a la eliminación del subsidio estatal a las gasolinas extra y ecopaís, así como al diésel.

La medida, junto con otras —que los manifestantes denominaron "paquetazo"—, fue anunciada el pasado martes por el mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, y confirmada mediante el Decreto Ejecutivo 883, emitido al siguiente día.

Con la medida, las gasolinas extra y ecopaís pasaron de costar 1,85 doláres a 2,39 por galón; mientras, el diésel subió de 1,03 dólares a 2,29, un aumento del 123 %.

En la jornada de este jueves, los transportistas, además de paralizar sus actividades, bloquearon calles, avenidas y autopistas para expresar su descontento.

A los transportistas se sumaron otros gremios, como el estudiantil; y movimientos sociales, entre ellos los indígenas. Hubo protestas en casi todas las ciudades principales del país, con disturbios y agresiones por parte de la Policía. Según el parte gubernamental, 28 uniformados resultaron heridos.

En medio de las protestas, el presidente Moreno decretó  estado de excepción a nivel nacional, durante 60 días. Lo que incrementó el número de militares y policías en las calles.

Según el titular de Defensa, se han dispuesto 24.000 efectivos militares y 5.000 reservistas para garantizar el orden en las calles.

ONU y CIDH preocupados
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre lo acontecido en el país suramericano.

En un mensaje en Twitter, expresó su preocupación por el "uso excesivo de la fuerza de la Policía en Ecuador, como evidencian imágenes de represión a las protestas sociales".

Además, señala que sigue la situación de los detenidos y agredidos, entre ellos 20 periodistas.

Entretanto, el relator para Ecuador del Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mikel Mancisidor, señaló que la noticia del estado de excepción decretada por Moreno tomó a este organismo "por sorpresa".

Además, cuestionó que "la situación en Ecuador sea tan extrema como para amenazar la integridad del Estado" y rechazó "que los derechos a la libertad de asociación, asamblea y movimiento hayan sido suspendidos", los cuales considera "libertades muy importantes".

Este comité entiende que las decisiones de Moreno están vinculadas a un acuerdo alcanzado entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero manifiesta su preocupación porque las medidas "podrían afectar negativamente los derechos humanos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".



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